El día miércoles 3 de octubre, Xiomara Cruz, una housekeeper de 48 años, saltaba y gritaba de alegría en su casa en Silver Spring.
“’Por qué gritas? Qué pasa? Qué tienes?’ Eso me pregunto mi familia cuando me escucharon,” dice con una risa. “Entonces les conté la noticia.”
La noticia, que Cruz acababa de leer en su teléfono móvil, era que un juez federal había temporalmente bloqueado la decisión de la administración Trump de terminar el programa de protección temporal (o TPS, como es conocido por sus siglas en ingles), para personas provenientes de Sudan, El Salvador, Haití y Nicaragua.
Fue una decisión con gran impacto para la región de Washington. La mayoría de los inmigrantes que tienen TPS—casi dos tercios—provienen del Salvador. La cantidad más grande de salvadoreños bajo el estatus TPS—más o menos 32,000 personas—viven en la zona de DC, la única área metropolitana donde los salvadoreños representan la mayoría de la población hispana. Todos ellos iban a perder su estatus legal en Septiembre de 2019, poniéndolos en riesgo de ser deportados.
Entre ellos está Cruz. Llego aquí en 2001, cuando las primeras protecciones temporarias fueron otorgadas a los salvadoreños después de dos terremotos devastadores en su país de nacimiento. La vida americana que Cruz había construido desde ese entonces fue perturbada en enero, cuando la administración anunció que iba a dejar expirar el TPS de los salvadoreños. El fallo del 3 de octubre llevado a cabo en el norte de California fue la primera buena noticia que había recibido en mucho tiempo.
“Después de tanta angustia, después de tanta incertidumbre, después de tantas malas noticias, una tras otra, es como que nos habían dado el mejor regalo que habíamos recibido en la vida,” dice Cruz. “Estabilidad.”
Nelsy Umanzor tiene 41 años y trabaja en el área de hotelería. Él también es salvadoreño con TPS y también se alegro cuando escuchó la noticia del fallo favorable (“la noticia explotó las redes sociales,” dice). Pero no estaba muy efusivo. “Ahorita la celebración que queremos hacer sería cuando ganemos la residencia permanente,” dice. “Porque el TPS siempre va a ser temporal.”
El 10 de octubre, viajó a Baltimore para participar en una demostración organizada por la National TPS Alliance, un grupo de aproximadamente 1,000 beneficiarios de TPS luchando por una solución permanente a su limbo legal. Umanzor y Cruz no tienen intenciones de irse de Silver Spring. Para ellos no hay un plan B. Si pierden su estatus protegido y no son deportados a la fuerza, piensan quedarse aquí con sus familias, y pasar a formar parte de los 400,000 inmigrantes sin papeles que viven en las sombras en la zona de DC.
A pesar del fallo del 3 de octubre (y a pesar del alivio que sintió la comunidad inmigrante), TPS sigue en peligro. El Departamento de Justicia ya apeló esa decisión. Es probable que el caso eventualmente llegue hasta la Corte Suprema, cuya reciente solidificación de la mayoría conservativa seguramente va a tomar partido por la Casa Blanca.
“Creo que, por ahora, la comunidad tiene en claro que esto es una victoria,“ dice Abel Nuñez, Director Ejecutivo del Central American Resource Center (CARECEN) en DC. “Están extremadamente contentos y esperanzados, pero saben que no es la palabra final. Si el caso llega hasta la Corte Suprema, el voto del juez Brett Kavanaugh podría ser decisivo.”
Una eventual eliminación de TPS tendría un gran impacto sobre la vida de sus beneficiarios, así también como en la de sus hijos, muchos de los cuales son ciudadanos americanos. La economía de DC se también se vería afectada.
Nuñez anticipa una consecuencia muy especifica: la inactividad en las obras en construcción. Según él, el 20% de los trabajadores en el área de construcción son portadores de TPS.
“La mayoría de las grandes empresas van a perder empleados calificados que han trabajado en esas compañías por muchos años,” dice Nuñez. “No son trabajadores fácilmente reemplazables. Están capacitados para el trabajo en un momento en el que faltan trabajadores en la construcción. Así que piensen en todas las obras que hay en la región. Toda esa actividad se vería detenida.”
De acuerdo a lo que dice Nuñez, una fuerza de trabajo reducida forzaría a las compañías a recortar en otras áreas, como por ejemplo recursos humanos y otros roles que generalmente son cubiertos por empleados que no son inmigrantes.
A Steve Fuller, profesor de la Schar School of Public Policy and Government en George Mason University (y autoridad prominente sobre la economía local) también le preocupan las repercusiones que tendría la pérdida de los derechos de los beneficiarios de TPS. En esta revista, Fuller ya hizo sonar la alarma sobre la falta de dinamismo de la economía de DC, que en años recientes ha estado clasificada como una de las menos destacadas entre las 15 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos. En este contexto, perder las contribuciones de los beneficiarios de TPS sería algo que “no podríamos permitirnos.”
Según Fuller, entre el 80 y el 88 por ciento de la gente que posee TPS integra la fuerza de trabajo. Eso representa 20 por ciento más que el promedio en el área de Washington.
“Si fuéramos a perder los inmigrantes con TPS, no sería una tragedia para la economía, pero ellos juegan un rol importante,” explica Fuller. “El hecho de que estén trabajando, ganando y gastando dinero, se puede considerar un valor económico. Y muchas veces, hacen trabajos que los ciudadanos no están dispuestos a hacer.”
La pérdida de la comunidad con TPS también complicaría la conformación demográfica de la región. Fuller dice que desde 2013, el área de Washington ha estado continuamente perdiendo residentes de toda edad que se han mudado a otros estados. “La migración internacional es la única fuente de crecimiento de la población adulta,” declaró Fuller. “Esto hace aún más importante para el área de Washington que retengamos a esta fuerza de trabajo. Y sobre todo porque los trabajos de bajo salario son particularmente difíciles de remplazar.”
Fuller explica que no es muy difícil encontrar precedentes de lo nocivo que son las políticas de inmigración represivas. En 2007, Prince William County permitió que la policía chequeara el estatus migratorio de los detenidos que sospecharan sin papeles. Esa política ahuyentó a miles de inmigrantes ilegales—como así también a algunos inmigrantes legales—que se fueron en busca de jurisdicciones más amistosas. En consecuencia, la comunidad en general se vio perjudicada. Algunas empresas llegaron al borde de la bancarrota. Según Fuller, centros comerciales enteros tuvieron que cerrar sus puertas.
La situación con el TPS podría ser aún más complicada debido al simple hecho de que, si el programa es cancelado, todo el mundo perdería su estatus el mismo día: el 9 de septiembre de 2019. Cruz, la housekeeper eufórica, dice que ella no quiere pensar en lo que se viene. Le gustaría saborear esta pequeña victoria otorgada por la resistencia judicial contra Trump.
Hay una palabra que Cruz emplea asiduamente que no está en el diccionario: tepesianos. Es el término que usa para referirse a las personas que están en su misma situación. No son totalmente salvadoreños. No son totalmente americanos. Son tepesianos.
“Ni siquiera tengo palabras para imaginar el futuro incierto que los tepesianos podamos tener” dice. “Sólo Dios sabe.”